Con una inversión de 10,7 millones de euros, un 17% por debajo del precio de mercado, la operación de compra municipal ha permitido evitar la pérdida de los tres conjuntos situados en la calle de la Mare de Déu de Port, 179-183 (la Marina, Sants-Montjuïc), en la calle de Teodor Llorente, 6-8 (el Guinardó, Horta-Guinardó) y en la calle de la Selva, 59-61 (Porta, Nou Barris).
¿Por qué se puede privatizar la vivienda pública?
El año 2006 el consistorio cedió a Regesa de manera gratuita el suelo municipal de las tres fincas durante 75 años para la construcción de vivienda pública de alquiler. Esta protección, sin embargo, tenía una duración de 30 años a contar desde las calificaciones definitivas con que se hicieron entre el 2007 y el 2009, un tiempo muy inferior al vencimiento del derecho de superficie, en el 2081.
Transcurridas las tres décadas, estas viviendas se podrían haber privatizado. Con la adquisición directa del Ayuntamiento, la titularidad de las fincas pasa a ser pública y se salvaguarda el derecho a la vivienda asequible de las 170 familias residentes en estos pisos de alquiler. En estos momentos no hay cabeza de vacío.
Las fincas adquiridas son las últimas de titularidad de Regesa en la ciudad, después de que a finales del 2021 el consistorio ya comprara 198 viviendas de la sociedad pública, una estrategia para evitar toda opción de privatización de unas promociones levantadas a la primera década de este siglo en suelo municipal cedido. Ahora de Regesa solo quedarán una treintena de viviendas situadas en diferentes promociones, que, al tratarse de vivienda de protección oficial, podrían ser adquiridas directamente por el Ayuntamiento o por cualquier otra administración.
Pérdida de vivienda pública en la ciudad
La privatización de vivienda construida en suelo público se podría haber evitado en otras promociones construidas por Regesa, que en su momento vendió el derecho de superficie. El último episodio de estas características tuvo lugar en el 2013, cuando el Consejo Comarcal del Barcelonès, formado por los ayuntamientos de la comarca, vendió el derecho de superficie de 298 viviendas al fondo de inversión Azora y no a una administración pública. Aquellas viviendas estaban de alquiler para jóvenes con una protección con un plazo sensiblemente inferior al tiempo de cesión del derecho de superficie.