En febrero de 2019 se inició el proceso de la Estrategia de Economía Social y Solidaria 2030, promovido por la AESCAT (Asociación Economía Social Cataluña) y el Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de impulsar la Economía Social y solidaria en la ciudad en los próximos 10 años. Durante el proceso participado contribuyeron 203 personas y 147 entidades de ESS, aportando más de 500 propuestas. Finalmente, se aprobó el documento definitivo, Estrategia de la Economía Social y Solidaria en Barcelona 2030 para la Reactivación y fortalecimiento de una economía para la vida en la ciudad, por el Ámbito Participado de la Economía Social y Solidaria, en fecha de 16 de septiembre 2020.
El Acuerdo de Ciudad por la Estrategia de la Economía Social y Solidaria 2030 pretende ser un órgano consultivo y de participación de ciudad, que actúe en los ámbitos relacionados con la Economía Social y Solidaria, con el objetivo común de hacer crecer y fortalecer el tejido de la Economía Social y Solidaria, para contribuir al desarrollo socioeconómico de la ciudad y de la ciudadanía de Barcelona. Así pues, el órgano del Acuerdo de Ciudad por la Estrategia de la Economía Social y Solidaria 2030, estará regulado por un reglamento de funcionamiento interno adaptado al Reglamento de participación ciudadana, y que incluirá en la normativa del funcionamiento de la órgano de participación los acuerdos que hagan posible la interacción entre diferentes agentes de la ciudad, público y privados, que intervienen en la Economía Social y Solidaria y su capacidad de intervención en los procesos de toma de decisiones en relación a esta política pública.
En este sentido, se propone la creación del órgano de participación del Acuerdo de Ciudad por la Estrategia de la Economía Social y Solidaria 2030 y del respectivo proyecto normativo de reglamento de funcionamiento interno del Acuerdo de Ciudad por el Estrategia de la Economía Social y Solidaria 2030.
Consulta pública previa
De acuerdo con lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se llevó a cabo una consulta pública, con carácter previo a la elaboración del proyecto normativo, para recoger la opinión los ciudadanos y organizaciones más representativos potencialmente afectados por la futura norma.
La ciudadanía y las organizaciones que lo consideraron oportuno, pudieron remitir sus opiniones sobre los aspectos planteados en el documento informativo que se incluye, entre el 11 de mayo y el 25 de mayo de 2021.