Turismo

Barcelona sigue trabajando para favorecer un turismo sostenible, luchar contra la masificación y mantener bajo control la actividad ilegal de los alojamientos turísticos. El Gobierno municipal tiene a pleno rendimiento todas las herramientas y recursos del plan de choque contra los pisos turísticos ilegales para evitar que vuelvan a proliferar ahora que la actividad turística se está recuperando después de la pandemia, y pone en marcha de nuevas medidas para concienciar a la ciudadanía y los visitantes de la importancia de alojarse en pisos con licencia. Todo ello con el objetivo de hacer compatible el turismo con la vida cotidiana y garantizar la convivencia, el derecho a la vivienda y un modelo urbano sostenible.

Una de estas acciones es la campaña de comunicación callejera a favor de un turismo responsable y sostenible que el Ayuntamiento vuelve a poner en marcha hasta el 11 de agosto. Va dirigida a las personas visitantes ya la ciudadanía y está centrada en poner de relieve que sólo un alojamiento turístico de acuerdo con la regulación vigente da todas las garantías. Con el mensaje “Antes de alquilar una cama turística, mira que sea legal”, la campaña quiere concienciar y hacer llegar los recursos a todo el mundo para comprobar que los alojamientos que se alquilen no sean irregulares.

A tal efecto, desde 2017 se puede consultar la web www.fairtourism.barcelona con información sobre las viviendas turísticas (HUT) y con la posibilidad de comunicar la existencia de los alojamientos ilegales. Toda la información también puede consultarse en la web de viviendas de uso turístico.

Este año se ha hecho especial incidencia en la campaña digital en webs utilizadas para informarse o contratar viajes, buscando llegar a aquellas personas de países como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia y también del resto de España que investigan en línea de alojamiento en Barcelona a través de Google.

La campaña también incluye la distribución de carteles en la vía pública en los distritos con mayor afluencia de turistas (Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia y Sant Martí) y se insertarán estos mensajes en redes sociales. También se repartirán flyers en los puntos más turísticos, los habrá en las trece Oficinas de Atención Ciudadana, en la Estación del Norte, en las Oficinas de Turismo, en la sede del distrito de Ciutat Vella y en las Oficinas de Vivienda y APARTUR colaborará en la difusión. Los mensajes se difundirán en catalán, castellano, inglés y francés y en algunos soportes se amplía al italiano y alemán.

Aparte, en la Plaça del Mar de la Barceloneta y en la avenida de la Catedral habrá instaladas camas para llamar la atención de los y las turistas y que puedan informarse de todos los recursos de los que disponen. La instalación de la habitación recrea un alojamiento ilegal y habrá informadores que explicarán la campaña y sus objetivos a las personas interesadas. Esta acción ha sido ideada por la agencia DoubleYou y ya se llevó a cabo en 2017 y 2018 en espacios muy transitados de la ciudad.

Un plan de choque efectivo

En paralelo, el Gobierno municipal sigue desarrollando el plan de choque contra los pisos turísticos ilegales. Pone en marcha el verano de 2016, ha dado buenos resultados y ha permitido poner fin a la proliferación descontrolada de esta actividad, pasando de unos 6.000 pisos turísticos ilegales a una cifra muy baja gracias a la actividad inspectora y sancionadora. Desde el inicio del plan, se han analizado un total de 51.000 anuncios y se han abierto unos 17.500 expedientes disciplinarios que han derivado en 7.400 órdenes de cese y 8.100 expedientes sancionadores.

Tras la pandemia y con la recuperación del turismo, el plan se ha reactivado para evitar que la actividad ilegal vuelva. Con un equipo de más de 70 personas, se han rastreado los anuncios publicados en las plataformas y se han detectado únicamente unos 500 anuncios de pisos que ofrecían actividad turística sin contar con el permiso. Se procederá a pedir en las plataformas la retirada inmediata de estos anuncios y se iniciará el correspondiente expediente, que puede acabar con una sanción de entre 3.000 y 60.000 euros.

Nuevo frente común con las principales europeas para una legislación común y proteccionista

Barcelona teje desde hace tiempo una alianza con las ciudades europeas con actividad turística para compartir experiencias y avanzar juntos hacia un modelo que ponga freno a la saturación y apueste por un turismo equilibrado y de futuro. Hace cerca de un mes, la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, se reunió con la de Ámsterdam, Femke Halsema, para compartir experiencias en este sentido. Y en el caso concreto de la regulación de los alquileres turísticos a corto plazo, la capital catalana ha firmado varios textos e iniciativas conjuntas con más ciudades para pedir una mejor legislación comunitaria que proteja a los gobiernos locales ante la actividad de las plataformas.

Ahora, Barcelona y casi veinte ciudades se han unido de nuevo para reclamar a la Comisión Europea (CE) que tome urgentemente este mismo año medidas legislativas sobre el alquiler a corto plazo. El texto conjunto lo firman la capital catalana, Amsterdam, Arezzo, Berlín, Bolonia, Bruselas, Budapest, Florencia, Cracovia, Lyon, Munich, París, Praga, Oporto, Utrecht, Valencia, Viena, Varsovia y la red de ciudades Eurocities.

El organismo europeo preveía presentar en junio una propuesta de normativa comunitaria específica, pero se aplazó y ya no figura en la lista de iniciativas previstas hasta diciembre. Las ciudades firmantes del documento reclaman a la CE que avance una propuesta que proteja a los ayuntamientos y las administraciones regionales, y que les permita disponer de herramientas legales para obligar a las plataformas a cumplir las normativas locales ya exigir, comprobar y publicar los números de registro de los pisos antes de anunciarse a través de sus webs.

Se trata de evitar una posible presión al alza sobre el precio de la vivienda y consecuencias directas en la disponibilidad de viviendas asequibles en el actual contexto de recuperación del turismo. Y de blindar la cohesión y la calidad de vida de las ciudades, puesto que la actividad ilegal de los alojamientos turísticos de corta duración tiende a generar molestias a los vecinos y vecinas.