La propiedad del inmueble, situado en la calle Ample número 24, en el barrio Gòtic, alquilaba 14 de los 15 alojamientos existentes en la finca y los comercializaba como alojamientos turísticos a través de plataformas como Booking y Airbnb sin haber obtenido la autorización para la actividad turística correspondiente. En el piso restante vive una inquilina de renta antigua, que era la encargada de gestionar la recogida de llaves y las entradas y salidas de los alojamientos.
La sanción llega después de meses de investigación y seguimiento de los inspectores municipales, que han podido constatar que durante años la propiedad iba evitando expedientes y sanciones del Consistorio alegando que alquilaba las viviendas aparentemente de manera legal con contratos de larga duración a inquilinos que aparecían como inquilinos de los alojamientos turísticos ilegales. De esta manera, la propiedad evitaba el expediente finalizando el contrato de alquiler o cambiando titular, una vez se acercaba la fecha de conclusión final del trámite administrativo sancionador del Ayuntamiento de Barcelona.
Durante este tiempo, se pudo constatar, en la línea de la actuación contra los infractores profesionalizados, que se iban desactivando y activando los anuncios en las plataformas de alojamientos turísticos con nombres, fotos y anfitriones diferentes, con el fin de evitar la actuación inspectora de la administración. En este periodo también, el propietario manifestaba en todos los casos que desconocía lo que hacían sus inquilinos, y que siempre y en todos los casos lo engañaban y utilizaban el piso para realquilarlo a turistas.
Después de meses de seguimiento y acumulación de pruebas, el pasado mes de abril, a raíz de una inspección conjunta entre los inspectores municipales, la Guardia Urbana de Barcelona y el Distrito de Ciutat Vella, se constató la presencia de turistas alojados en pisos sin la licencia para ejercer la actividad turística correspondiente.
Esta actividad se considera una infracción muy grave que ha dado lugar al inicio de un procedimiento sancionador con la propuesta de sanción de 420.000 euros, cuantía a la cual se llega con el cálculo estimado del beneficio obtenido de la actuación ilegal junto con otras circunstancias agravantes reguladas por la ley de Turismo de Cataluña.
Además, el Consistorio enviará próximamente a la Agencia Tributaria toda la información contenida en el expediente, a fin de que la propiedad responda también si así pertoca delante de la hacienda pública.