Contratación
A partir de la aprobación de la Ley de contratos del sector público en el año 2017, la contratación se ha convertido en uno de los instrumentos más relevantes que tiene la Administración pública para influir en las relaciones laborales y en la configuración del tejido productivo.
Desde la perspectiva de género, supone la posibilidad de incluir en las licitaciones públicas cláusulas orientadas tanto a combatir las desigualdades entre mujeres y hombres en el seno de las empresas contratadas, así como de garantizar que los servicios contratados integran la perspectiva de género.
Cada año, la Dirección de Feminismos y LGTBI participa activamente en el diseño del Plan de objetivos de contratación pública sostenible. Este documento estratégico recoge las medidas sociales y medioambientales que deben aplicarse en los contratos municipales, y ofrece orientaciones y recursos prácticos sobre la manera de hacerlo; esto promueve lo que se llama una “contratación pública responsable”.
Cómo incorporar la perspectiva de género en la contratación pública
La aplicación de la perspectiva de género en la contratación pública permite combatir las principales desigualdades que sufren las mujeres en el mercado laboral:
-
Paro femenino
-
Dificultades de acceso a determinados sectores o categorías
-
Brecha salarial
-
Parcialidad no deseada
-
Peores condiciones laborales
-
Acoso sexual o por razón de sexo
Asimismo, ofrece la posibilidad de establecer condiciones contractuales que garanticen que el servicio contratado tiene perspectiva de género.
Un buen ejemplo es la Instrucción técnica para la aplicación de criterios de género en los contratos que tengan por objeto el diseño y la gestión de equipamientos de titularidad municipal, a través de la que se establecen las disposiciones necesarias para asegurar que todos los equipamientos municipales contribuyen a fomentar la igualdad.