Barcelona tendrá una ordenanza contra la discriminación pionera en España

02/07/2024 - 10:27

Obert el procés de consulta pública per promoure la normativa que regularà la lluita a favor de la igualtat de tracte i la no discriminació.

Ayer, día 1 de julio, se abrió el proceso de consulta pública para la nueva Ordenanza reguladora de la igualdad de trato y no discriminación, una ordenanza pionera en el Estado y que refuerza la posición de Barcelona como ciudad que defiende los derechos humanos y lucha contra las discriminaciones.

La norma pone el foco en la prevención y garantía de los derechos de las personas afectadas, mediante el fomento de acciones de formación, sensibilización y promoción de derechos. También contempla un acompañamiento integral que implicará a todos los estamentos municipales e incorporará un procedimiento sancionador unitario y actualizado para actuar contra infracciones de conductas discriminatorias como la xenofobia, la LGTBI-fobia, el racismo y el sexismo.

La consulta pública recogerá la opinión de la ciudadanía y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura normativa hasta el 29 de julio. Posteriormente, en el último trimestre del año, está previsto abrir un proceso participativo para hacer público el borrador de texto normativo y recoger el máximo de propuestas y observaciones de toda la ciudadanía, con la ambición de conseguir un texto ampliamente consensuado. Se prevé que se apruebe a lo largo del año 2025.

Esta ordenanza, pionera en España, es la herramienta que Barcelona utiliza para desarrollar la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación. Permitirá disponer de una normativa actualizada y unificada en un único cuerpo normativo que regulará, garantizará y dotará de seguridad jurídica, en los diferentes ámbitos en los que tiene competencia el Ayuntamiento, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación para erradicar cualquier actuación o comportamiento que pueda atentar contra la dignidad de las personas.

Esta herramienta jurídica, que renueva el compromiso de la ciudad por la defensa y promoción de derechos, se realiza en paralelo a la redacción del nuevo Pacto de ciudad por los Derechos Humanos.