El principal objetivo de la creación de una Ordenanza reguladora de la igualdad de trato y no discriminación es garantizar, en la ciudad de Barcelona, el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y erradicar cualquier actuación o comportamiento que puedan atentar contra la dignidad de las personas y contra el libre desarrollo y la libre expresión, sin ningún tipo de discriminación, de la propia personalidad y de las capacidades personales.
La normativa que se quiere aprobar pretende regular, garantizar y dotar de seguridad jurídica a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona ante el derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Este instrumento jurídico tiene que permitir incrementar las herramientas consistoriales para garantizar derechos, ha de ser un elemento clave para visibilizar y detectar las discriminaciones que se dan en la ciudad y también para hacer frente a la problemática de la infradenuncia de estas situaciones, poniendo a la víctima de la situación discriminatoria en el centro de todo el proceso, en el marco de un modelo de ciudad que tiene por objetivo la salvaguardia de los derechos humanos. La Ordenanza de igualdad de trato y no discriminación de la ciudad de Barcelona tendrá que recoger toda la normativa en materia de igualdad de trato y no discriminación producida en los últimos años, en los diferentes ámbitos en los que el Ayuntamiento pueda tener competencia.
Con esta herramienta jurídica competencia del Ayuntamiento para la defensa y promoción de la igualdad de trato y no discriminación, la ciudad de Barcelona renueva su compromiso con la defensa y promoción de derechos como verdadera herramienta para construir sociedades justas y democráticas.
Consulta pública previa
De acuerdo con lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se lleva a cabo una consulta pública, con carácter previo a la elaboración del proyecto normativo, para recoger la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.
La ciudadanía y las organizaciones que lo consideren oportuno pueden remitir sus opiniones sobre los aspectos planteados en el documento informativo que se incluye, entre el 1 y el 29 de julio de 2024.