Las grabaciones se podrán iniciar en el supuesto de desórdenes públicos y la existencia de un peligro concreto para la seguridad ciudadana: riesgos de la utilización de la fuerza física, la fuerza y la intimidación con arma de fuego, arma blanca u objetos peligrosos y los derivados de desórdenes públicos y acciones tumultuarias.
La incorporación de estos dispositivos responde a las necesidades de transparencia, seguridad jurídica y garantías tanto con respecto a la ciudadanía como a los propios miembros del cuerpo.
Los agentes han sido formados para utilizar correctamente los aparatos, especialmente en los aspectos relacionados con el protocolo de traslado, almacenaje y custodia de las imágenes grabadas.