El Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

Primero. La reprobación del alcalde de Barcelona, el Sr. Jaume Collboni, como máximo responsable de las políticas de seguridad en la ciudad de Barcelona según la Carta municipal, por su manifiesta incapacidad para dar respuesta a las reclamaciones vecinales y a las políticas de seguridad y civismo en los barrios del Raval y de Sant Antoni, y en general en la ciudad de Barcelona, reconociendo la importancia y gravedad de la situación. 

Segundo. Que, por parte del Gobierno municipal, se diseñe un dispositivo que implique tanto a las fuerzas de seguridad como a los servicios sociales, en colaboración con el resto de administraciones, con el fin de implementar medidas efectivas para restablecer la convivencia pública en estos barrios. Este dispositivo debe incluir prácticas de refuerzo policial, aumento de los servicios sociales, incremento de la presencia de policía de barrio y de unidades nocturnas, ampliación del número de agentes cívicos y la convocatoria de las mesas de seguridad del Raval y de Sant Antoni. 

Tercero. Que el Gobierno municipal reúna, en el plazo de un mes, al resto de grupos municipales para informar sobre la evaluación y aplicación de la Ordenanza de convivencia en los dos distritos afectados y trabajar sobre este dispositivo para abordar de forma integral y transversal las problemáticas de inseguridad e incivismo de dichos barrios. Esta reunión debe realizarse con la concreción de las medidas a implementar, la calendarización y los recursos humanos y materiales que se van a dedicar.

El Pleno del Consejo Municipal acuerda: 

1) Instar al Gobierno municipal a realizar la aprobación definitiva de la MPGM en el plazo de un mes y continuar los trabajos del Plan especial para limitar o prohibir los alquileres de temporada y otros usos que no sean los de residencia permanente o habitual, tal y como acordamos en el marco de la aprobación de las ordenanzas fiscales. 
 

2) Exigir a la ministra de Vivienda y al PSOE que desbloqueen la tramitación de la propuesta de ley de modificación de la LAU para regular los alquileres de temporada y habitaciones en todo el Estado y acabar con el actual fraude de ley masivo. 

3) Apoyar el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya con los grupos de Comuns, ERC y CUP para tramitar el proyecto de ley para regular los alquileres de temporada y habitaciones, dentro de las competencias de las que dispone.

El Pleno del Consejo Municipal acuerda que el Gobierno municipal recupere la ambición, el impulso público y los instrumentos necesarios para recuperar “Barcelona, posa’t guapa”, no solo para lavar la cara de los edificios, sino para hacer emerger vivienda asequible y dar respuesta a los retos habitacionales del 2025, mediante: La creación de un fondo de ayudas públicas anual sostenido en el tiempo durante 25 años, que permita rehabilitar 25.000 viviendas cada año, con la voluntad de llegar al 2050 con el 80 % del parque de viviendas rehabilitado. Que las ayudas vayan dirigidas a toda la ciudad y a todo tipo de rehabilitación: energética, de mejora de la accesibilidad, estructural, fachadas, cubiertas y de mejora de la habitabilidad. Que se fomente también la cultura del mantenimiento, a través de una línea de financiación específica. Este programa debe representar un salto de escala a la rehabilitación del parque de viviendas de la ciudad y debe ir acompañado de un gran paquete de ayudas públicas a la rehabilitación, a cambio de un escudo social y medidas antiespeculatorias, que deben estar condicionadas a lo siguiente: Que la propiedad o los familiares directos vivan en el inmueble/edificio y, si quieren alquilarlo, lo hagan con un alquiler tasado asequible hasta que las ayudas recibidas se consideren amortizadas. Que si la propiedad o los familiares directos lo quieren vender, la Administración tenga derecho a adquirirlo al precio actual, más la actualización del coste de vida. Que si la propiedad o los familiares directos lo venden a un tercero, haya que devolver las ayudas recibidas a la Administración.

El Pleno del Consejo Municipal acuerda:

Primero.- Constatar la falta de voluntad de diálogo del Gobierno municipal presidido por Jaume Collboni con los trabajadores y trabajadoras del Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) y, en este sentido, reprobar a la teniente de alcaldía responsable del CAACB. 

Segundo.- Reclamar al Ayuntamiento la readmisión de los trabajadores y trabajadoras del Centro de Acogida de Animales de Compañía que han sido despedidos, y que se reclame a la nueva empresa adjudicataria la subrogación del personal que ha sido despedido, dada su experiencia y el vínculo de confianza con los animales.

Tercero.- Exigir un Informe jurídico que justifique los motivos que han llevado al Gobierno municipal a la no subrogación de los trabajadores y trabajadoras del CAACB.

Cuarto.- Denunciar la contratación de nuevos trabajadores como falsos autónomos para sustituir a los trabajadores y trabajadoras despedidos.

Quinto.- Garantizar el bienestar de los animales que se encuentran en el Centro de Acogida de Animales de Compañía, redimensionando y mejorando las inadecuadas condiciones en las que están actualmente las jaulas de la perrera, y controlar que los centros externos a los que se derivan los animales cumplan con los pliegos de condiciones para que los perros tengan las mismas oportunidades de bienestar y adopción que los perros alojados en el CAACB.

Sexto.- Realizar una auditoría externa urgente sobre las prácticas de la empresa subcontratada Help Guau, SL y de otras empresas que ganan contratos menores, para analizar cuál es el destino de los animales trasladados, así como evaluar cuáles son las consecuencias que sufren los animales cuando son trasladados y si son sacrificados ilegalmente.

Séptimo.- Potenciar el servicio de voluntariado, así como incrementar el número de personas encargadas de pasear y cuidar a los animales.

Octavo.- Mejorar el acceso al centro incrementando la frecuencia del transporte público para acceder al mismo.

El Pleno del Consejo Municipal acuerda: 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Barcelona inste al Gobierno de la nación a realizar las acciones pertinentes para la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local en los términos siguientes: 

1.1) Modificación del apartado 2 del artículo 16 de dicha Ley: 

f) Número de documento nacional de identidad o, en el caso de extranjeros, número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas o, en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, en el caso de ciudadanos nacionales de estados miembros de la Unión Europea, de otros estados parte en el Acuerdo sobre el espacio económico europeo o de los que, en virtud de un convenio internacional, se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de dichos estados (…). 

g) Todos los demás datos que puedan ser necesarios para la elaboración del censo electoral, siempre que se garantice el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

h) Cuando se trate de inscripción sobre un bien inmueble, título justo o autorización para el empadronamiento de la persona que tenga título justo sobre el inmueble que se pretende inscribir en el padrón municipal. 

1.2) Que se añada un nuevo apartado (3) al artículo 18 de la mencionada Ley: “3. La inscripción en el padrón municipal de una persona que no tenga título que legitime la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos se considerará nula de pleno derecho y no constituirá prueba de residencia o domicilio ni atribuirá ningún derecho”. 

Segundo.- Que el Ayuntamiento de Barcelona estudie las fórmulas técnicas y legales para establecer la prioridad nacional al acceso a las ayudas municipales para garantizar que los principales beneficiarios sean, en primer lugar, los españoles. 

Exigir a las administraciones públicas competentes que expulsen a sus países de origen a todos aquellos inmigrantes que entren ilegalmente en España o que, habiendo llegado de forma legal a nuestra nación, cometan delitos graves, especialmente delitos violentos o contra la libertad sexual, o hagan del delito leve su modo de vida.