La democratización de Barcelona no solo tenía que abarcar las instituciones, sino también el espacio público. El nuevo Ayuntamiento proponía potenciar un urbanismo adaptado a las personas que permitiera recuperar el derecho del vecindario a la ciudad. 

El nuevo ayuntamiento democrático heredó proyectos colosales de la administración franquista, como el II Cinturón, la via Júlia y otros de menor envergadura, como la avenida de Rio de Janeiro. El movimiento vecinal estuvo al frente de la lucha para que el Consistorio priorizara el uso ciudadano del espacio público y la integridad urbanística de los barrios, y para que trasladara a un segundo plano los intereses privados, a menudo especulativos. Después de un tira y afloja entre el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales, los proyectos heredados pasaron a incorporar zonas arboladas y paseos peatonales que disminuían la capacidad de tránsito rodado y otorgaban más centralidad al vecindario como peatones.

Las zonas verdes constituyeron la otra gran reivindicación del momento. El movimiento vecinal consiguió que el ayuntamiento de transición adquiriera un inmenso solar de 22.000 metros cuadrados en el corazón del barrio de Porta, que debía destinarse a la construcción de inmuebles. En 1980, el ayuntamiento democrático inició las obras para transformar el solar en un parque arbolado y ajardinado donde también se ubicarían equipamientos del nuevo Distrito. La plaza de Sóller se inauguró en 1983 con una asistencia de público masiva, que lo vivió como una victoria vecinal.