El nuevo Ayuntamiento apostó por un urbanismo hecho a la medida de las personas y que permitiera recuperar el derecho a la ciudad. El Plan comarcal de 1976, que seguía la lógica del porciolismo, contenía una serie de actuaciones urbanísticas muy agresivas para el barrio de Gràcia y fue discutido muy duramente durante los años de la transición.

Con las elecciones municipales de 1979, algunas de las reivindicaciones del vecindario fueron asumidas por el nuevo Consistorio, particularmente la necesidad de abandonar el Plan comarcal, todavía vigente, y crear un plan especial para Gràcia.

A instancias del Gobierno municipal, un equipo técnico presentó en 1981 un estudio de situación de Gràcia, en el que se resaltaba que cualquier plan urbanístico tendría que respetar la fuerte cohesión a nivel arquitectónico, urbanístico e histórico del barrio. Se planteaba la necesidad de detener la actividad depredadora del sector inmobiliario y apostar por la rehabilitación. Estas eran las bases de un Plan especial de Gràcia respetuoso con la integridad del barrio, que abandonaba la faraónica Vía 0 que contemplaba el Plan comarcal y que habría supuesto el descuartizamiento del barrio por una vía rápida de vehículos rodados.