Derechos Sociales, Educación y Ciclos de Vida

La adquisición de las tres fincas situadas en las calles del Doctor Letamendi y Mont-ral, en el barrio de Horta, se ha hecho ejerciendo el derecho de tanteo y retracto para evitar otro episodio de especulación por parte de un fondo buitre en la ciudad. Con esta compra se evitará la expulsión de las 45 familias que viven en estos edificios, muchas en riesgo de exclusión social.

La compra de los tres edificios, que se encuentran en un estado muy precario, se ha realizado por un valor de 1,4 millones de euros, evitará la expulsión de los vecinos y vecinas que tienen contratos acabados y no prorrogados y permitirá hacer una rehabilitación integral de los inmuebles.

Con esta operación se da respuesta a las demandas del vecindario, que durante años ha sufrido el incumplimiento por parte de la propiedad del deber de conservación de la finca y últimamente los intentos de poner los edificios en manos de fondos buitres.

La rehabilitación de las fincas cuesta 4,4 millones de euros y se incluirá en el convenio firmado en noviembre con las entidades más representativas del sector de la vivienda social y cooperativa para garantizar el derecho a la vivienda. Tal como prevé el convenio, el suelo se cederá a la fundación, en este caso Cohabitac, para que se encargue de la rehabilitación y la gestión de las viviendas.

Según los estudios previos realizados por el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), después de la reforma en estas fincas podría haber 36 viviendas. A las familias residentes que a causa de la reducción del número total de viviendas no puedan permanecer en ellas se les proporcionará una vivienda pública de alquiler tan cerca de la zona como sea posible.

Casi novecientas viviendas compradas en seis años

Esta adquisición se ha podido efectuar gracias a la aprobación, en el mandato pasado, de la declaración de área de tanteo y retracto en toda la ciudad para fincas enteras. Desde que se puso en marcha esta estrategia, el Ayuntamiento ha adquirido 26 fincas, lo que significa una inversión de 70 millones de euros para la ampliación del parque de vivienda pública y la detención de procesos de especulación inmobiliaria.