A pesar de ser una herramienta ya consolidada en la ciudad, el principal motor de la Gestión cívica ha sido el impulso de las demandas de la ciudadanía organizada. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los ayuntamientos son la administración pública de ámbito territorial más cercana a la ciudadanía y disponen de recursos y servicios orientados a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Desde el programa de Patrimonio Ciudadano, se ha trabajado de manera transversal entre las diferentes áreas y distritos del Ayuntamiento y con las entidades de promoción comunitaria de la ciudad para avanzar hacia una organización más transparente, con criterios de asignación y evaluación que garanticen una metodología comunitaria en los proyectos de Gestión cívica.
Para garantizar un procedimiento justo y transparente, el programa ha impulsado el Catálogo de Patrimonio Ciudadano, la Instrucción y las Bases para la asignación de la Gestión cívica y el Balance Comunitario como herramienta de evaluación y seguimiento de los proyectos. El objetivo es consolidar una colaboración público-comunitaria que fortalezca los proyectos asociativos sin ánimo de lucro y, en última instancia, beneficie al conjunto de la ciudadanía.
