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“Aunque los regímenes políticos cambien, hay continuidad en una cosa: la vulneración sistemática de derechos fundamentales”

DEFENSORAS. Entrevista a August Gil i Matamala

Esta convicción es el motivo por el cual August Gil i Matamala ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos humanos. Como abogado, ha defendido militantes y activistas antifranquistas, comunistas e independentistas. En sus palabras, aquéllos “que se consideraban disidentes, marginados, antisistema.” No porque compartiera sus ideas, sino en tanto que eran objetos de un trato, desde el punto de vista policial y judicial, que no respetaba derechos fundamentales. “Es el papel que me ha tocado jugar”, apunta.

Paralelamente, ha sido una figura central en el antifranquismo y la promoción de los derechos fundamentales en Barcelona, Cataluña y España. Fue miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, el primer colectivo de abogacía constituido para defender y garantizar los derechos humanos, y denunciar toda vulneración, en plena dictadura. Un momento de represión brutal donde no se utilizaba el concepto de derechos humanos.

De hecho, nos recuerda August Gil i Matamala, que cuando empezó a ejercer como abogado en 1960, los derechos humanos eran un concepto que existía en el nivel teórico y doctrinal, incluso se habían aprobado instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), pero en España “era una expresión que en ningún ámbito, ni en el oficial ni en el de la resistencia antifranquista, se utilizaba habitualmente”.

Fue a medida que adelantaban los años, que abogados como él empezaron a incorporarlos «en nuestro lenguaje y a nuestras defensas, recalcando que la prohibición de la tortura y pena de muerte (que fue una batalla muy importante y se ganó, más o menos, con la Constitución del 78) eran derechos fundamentales”. España ingresó en las Naciones Unidas en 1955, cosa que, estando en plena dictadura, no significó una adhesión real a los principios democráticos y de respeto por los derechos promulgados en la Carta de las Naciones Unidas.

Hoy, sesenta años más tarde, nos sentamos con él para repasar su trayectoria como persona defensora y hablar de la importancia de la memoria histórica para avanzar en la consecución de los derechos, individuales y colectivos.

Inicios: militancia en el PSUC y joven abogado

La toma de contacto de Gil i Matamala con la defensa de los derechos fundamentales estuvo muy ligada a su profesión de abogado y a su activismo. “En el momento en que empiezo a ejercer como abogado, ya estaba integrado políticamente en una organización entonces clandestina – el Partido Socialista Unificado de Cataluña, donde había ingresado en la Universidad de Barcelona, al acabar la carrera. Explica que en aquel momento, de abogado y militante del PSUC conocido, sólo había uno: Josep Solé i Barberà. “Era la persona a la cual yo tenía que contactar por indicación del partido, para que me influyera, y fue muy fácil porque él tenía el despacho dos pisos más arriba”.

Así, Gil i Matamala empezó a hacer carrera en la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en abogado de referencia para militantes del PSUC que desde la prisión empezaban a pedir sus servicios. “La gente no sabía qué hacía, porque mi capacidad de defenderlos era muy limitada” explica con una sonrisa, “pero en un mundo tan cerrado, debido a la clandestinidad, la gente del PSUC confiaba más en alguien del partido”.

Participó en Consejos de Guerra, la única jurisdicción que se ocupaba de la represión durante aquella época, hasta que en el 63 se creó el Tribunal de Orden Público, “la reacción del régimen franquista a la gran campaña internacional producida a raíz del juicio y la ejecución de Julián Grimau”, que pasó a tener los delitos políticos como campo de actuación.

“Y tengo una cartera de clientes completa”, explica mientras repasa mentalmente las docenas de juicios, causas y numerosas horas pasadas en la prisión, apuntando que “no fueron sólo en la Modelo, sino en muchas prisiones de España”.

De los Consejos de Guerra a la Audiencia Nacional

En 1977, se crea la Audiencia Nacional, que sustituye el Tribunal de Orden Público y, según apunta Gil i Matamala, «se convierte en el órgano central de represión política, ampliando cada vez más sus competencias”.

En la Audiencia, se estrenó defendiendo a un miembro de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). «Fue solo uno, pero quedé horrorizado en materia de derechos humanos, ya en época constitucional”.

Años más tarde, empieza a defender a militantes independentistas catalanes, convirtiéndose “en el abogado más visible (no el único, nunca he tenido ninguna exclusiva)”. Entre los múltiples casos, se hizo cargo de la defensa de los acusados del asesinato de Josep Maria Bultó, cosa que le llevó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y consiguó la primera sentencia en la historia contra el Estado español por no garantizar un juicio justo, cosa que viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Durante esta época, también representó a miembros de Terra Lliure, incluidos los que en las Olimpiadas del año 92 provocaron una serie de atentados. Fueron juzgados en la Audiencia Nacional en 1995, el último juicio de Gil i Matamala antes de jubilarse el año 2007, con 72 años y casi 50 años de ejercicio.

La jubilación, sin embargo, le duró sólo unos años. “Empieza el baile del proceso y en el 2017 empiezan a pasar cosas… No me puedo quedar al margen y no verlo desde la televisión. La curiosidad hace que a los 82 años me vuelva a dar de alta en el Colegio de Abogados”. Hoy, con 86, todavía está en activo.

Puntal en la constitución de las asociaciones en defensa de los derechos humanos en Catalunya

Prácticamente desde los inicios de su profesión, August Gil i Matamala combinó su faceta de defensor con la voluntad de consolidar organizaciones de defensa de los derechos humanos en el país, “que tienen como punto de partida la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona: la madre de todas las organizaciones de abogados antifranquistas en ejercicio”.

El inicio de todo, explica, fue el Consejo de Guerra en Burgos de 1970, donde se juzgaron 16 miembros de ETA. Las campañas contra las penas de muerte que se impusieron aglutinaron “un cierto número, reducido, pero que va creciendo, de abogados de muchas tendencias e ideologías diferentes, unificados por el tema de los derechos humanos”. Éstos, entre los cuales constaban nombres como Josep Benet, Solé i Barberà, Francesc Casares, Antoni Cuenca, Albert Fina, Miquel Roca i Junyent, o Gil i Matamala, crearon un colectivo que poco después se integra al Colegio de Abogados como una comisión interna, cosa que les brindó una cobertura institucional y económica muy necesaria, “en una fase de finales de franquismo que es mucho dura y represiva”.

Unos años más tarde, sin embargo, a raíz de “la clásica confrontación entre una comisión que dice una serie de cosas y el Colegio que dice oye, ustedes no hablen en nombre nuestro…”, Gil i Matamala propone crear una asociación que esté formada por las mismas personas de la Comisión, pero “que ya funciona con régimen de asociación, dice lo que quiere y hace lo que puede”. Así nace la Asociación Catalana en defensa de los Derechos Humanos, que este año cumplirá 35 años.

… y en Europa

August Gil i Matamala, no se centró sólo en lo que pasa en Cataluña y en España. Ha sido uno de los fundadores y miembros de Abogados Europeos Demócratas, que aglutina asociaciones nacionales de juristas, “abogados en ejercicio; ni fiscales ni jueces” apunta, mientras explica que estuvo muy vinculado hasta la jubilación. “En materia de derechos humanos, eso te da una ampliación de perspectivas y te permite salir de tu mundo, pues llega un momento dónde vives en un mundo bastante periférico».

Memoria histórica: víctimas del tardofranquismo

Este año, la actividad principal de Gil i Matamala es formar parte de la Junta de Valoración para el reconocimiento de las personas represaliadas por el tardofranquismo. Este proyecto es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para reconocer y rendir homenaje a las personas que sufrieron directamente las consecuencias más graves de la represión en los últimos años de la dictadura franquista: “La mitad de los que se han apuntado son clientes míos. Y si no lo son, lo eran de los compañeros”.

Cuando le preguntamos por la importancia de la Junta, Gil i Matamala lo tiene claro: “Es útil y necesario. Tanto desde el punto de vista de la colectividad como de la víctima de las vulneraciones. En la sociedad donde vivimos, es esencial tener y conservar la memoria de lo que ha pasado. España es el último reducto que ha pasado por una guerra civil, un régimen fascista que duró prácticamente cuarenta años y una transición que fue, en muchos aspectos, una continuidad. Y que no ha sabido llevar a los verdugos ante un tribunal, ni hacer el trabajo de memoria histórica…”.

Recalca la importancia que tiene un proceso así para las víctimas, explicando que la mayoría de las que ha entrevistado están compartiendo su historia ahora “para que no se pierda, porque han vivido una experiencia que mejor que sirva para alguien, que forme parte de la memoria que vemos que no se ha cultivado suficientemente”.

Muchas de las personas que se han apuntado al proyecto fueron víctimas de torturas, que eran una práctica represiva habitual por parte del estado fascista.

Pensando en los derechos humanos, lamenta que un proceso así haya tardado tantos años en llegar y lo atribuye a la amnesia colectiva del país, a “la voluntad de no recordar, de taparse los unos a los otros los trapos sucios, de una transición que se hizo sin pedir cuentas ni querer averiguar qué había pasado. Una cosa es la amnistía, que fue para todo el mundo … Pero eso no impide intentar saber qué pasó y recoger la memoria de la represión, ni que sea a efectos morales y pedagógicos, de ejemplo”.

Y, ante eso, le planteamos una pregunta final: ¿Cómo tenemos que construir una memoria histórica que nos acerque más a la consecución de los derechos?

“Instituciones y asociaciones dispuestas a trabajar en eso hay muchas, el problema es la falta de voluntad política, institucional. Va ligado a la inestabilidad política, a las crisis económicas, a la pandemia… Siempre hay alguna excusa para que las cosas no se hagan como se tienen que hacer”.

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