Es utilizar el poder de compra de las administraciones para orientar el mercado hacia prácticas justas y sostenibles.
El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Centro de Recursos en Derechos Humanos (CRDH), promueve un eje de trabajo para impulsar que la compra pública sea una herramienta clave al servicio de los derechos humanos y la justicia global.
Segundos los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales. De esta manera, la contratación pública, que establece relaciones directas con proveedores privados, es un ámbito estratégico donde esta responsabilidad tiene que quedar garantizada.
Es por eso que, desde el Centro de Recursos en Derechos Humanos, se trabajará para que la compra pública estratégica sea responsable con los derechos humanos e integre una mirada global de respeto de los derechos de las personas y el medio ambiente local e internacional. La compra pública con perspectiva de derechos humanos es una herramienta clave para garantizar la coherencia de las políticas públicas y dar legitimidad a las administraciones en su trabajo cotidiano.
Esta tarea se desarrollará a través de la difusión de actividades, así como de la asesoría en derechos humanos para las licitaciones que los órganos de contratación soliciten. El CRDH también aportará análisis de riesgos y promoverá formaciones internas en el Ayuntamiento sobre derechos humanos en la contratación.
La compra pública responsable
La compra pública responsable hace referencia a todas aquellas decisiones de contratación que tienen en cuenta tanto criterios económicos como sociales y ambientales, incluyendo el respeto a los derechos humanos, tanto en Cataluña como en el exterior.
Por lo tanto, hay que asegurar que la administración pública cuente con medidas efectivas para garantizar la protección de los derechos humanos en su proceso de contratación, creando un modelo basado en la compra pública estratégica e incorporando una perspectiva de género, criterios de sostenibilidad ambiental, sociales, éticos y de respeto al sistema de defensa de la dignidad humana de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Así pues, la compra pública responsable supone utilizar el poder de compra de las administraciones para orientar el mercado hacia prácticas justas y sostenibles.
