Qué es la compra pública y por qué es importante, hablamos en este vídeo de la serie "Hablamos Con Defensoras".
En el marco de la serie “Hablamos Con Defensores”, entrevistamos a Maite Ramos, de SUDS; Anna Bardolet, de La Coordi; y Sergi Salavert, de FETS, para entender mejor qué es y qué impacto tiene la compra pública responsable.
Las tres entidades forman parte del Grupo de Compra Pública Socialmente Responsable de Cataluña (GCPSR), del cual el Ayuntamiento de Barcelona también es miembro. El grupo es especialmente relevante porque agrupa entidades sociales y administraciones públicas, es decir, organizaciones que denuncian vulneraciones y proponen alternativas respetuosas con los derechos humanos, junto con las administraciones que tienen el poder y las competencias para impulsar cambios reales.
“La compra pública tiene el potencial de comprar sólo productos que no vulneren los derechos humanos. Estamos hablando de un potencial transformador muy grande, ya que es más de un 10% del PIB español, del Estado”, así se inicia la entrevista con la reflexión de Anna Bardolet. La complementa Maite Ramos explicando que su impacto social y ambiental va más allá de las fronteras de Cataluña.
Por su parte, Sergi Salavert explica que la compra pública responsable es “tener en cuenta quien ha producido eso, de qué manera, en qué país se ha hecho, si en este país se han vulnerado los derechos humanos… Es tener en cuenta todo eso, no sólo el qué, sino el cómo y de qué manera.” Las personas entrevistadas destacan que las personas consumidoras tenemos poder, ya que la manera como invertimos y consumimos puede influir directamente en cómo se producen los bienes: si se vulneran derechos humanos o si se producen de manera justa. Trasladado a la compra pública, eso significa que es el Estado quien garantiza este impacto y quien toma estas decisiones.
Maite Ramos recuerda que “las administraciones públicas están obligadas a respetar el derecho internacional de los derechos humanos en sus contrataciones y, por lo tanto, no pueden contratar empresas vinculadas con graves vulneraciones de derechos humanos.”
Anna Bardolet añade que el sello de comercio justo asegura que productos producidos en el sur global están elaborados en buenas condiciones, como un precio digno, la ausencia de mano de obra infantil, la eliminación de la explotación o la garantía de la igualdad de género. Por eso remarca que “una administración pública que quiera tener un consumo responsable, del ámbito que sea, lo tiene que hacer en este caso a través de leyes y una de las cosas que permite eso es la contratación pública responsable.”
Maite Ramos también destaca la importancia de institucionalizar la contratación pública responsable, y que para hacerlo“ es necesario que estas políticas de contratación se incluyan dentro del funcionamiento de la administración. Es decir, que existan normas y protocolos concretos de compra pública, por ejemplo, a través de la inclusión de criterios de derechos humanos cuando se construyen los procesos de contratación.”
Finalmente, Sergi Salavert concluye recordando que la administración pública tiene una capacidad que no tienen las entidades de la sociedad civil, que es la de legislar. “Por lo tanto, es una responsabilidad poder legislar para favorecer el respeto a los derechos humanos, pero también tienen que respetarlos a la hora de consumir.”
