¿Sabías que la administración pública cuenta con una herramienta para posicionarse ante vulneraciones de derechos? Se trata del litigio estratégico, una acción que pretende conseguir cambios estructurales en las políticas públicas a partir de situaciones concretas.
El origen del litigio estratégico radica en la sociedad civil y en las entidades de defensa de derechos, pero las administraciones públicas también lo utilizan como parte de una estrategia global de cambio social. Lo han utilizado para posicionarse ante vulneraciones o situaciones que tienen una repercusión importante en la ciudadanía; y también se puede considerar como un ejercicio de responsabilidad pública.
En el caso de los derechos humanos, el litigio es “estratégico” cuando está diseñado conscientemente para promover el respeto, la protección y la realización de los derechos. La idea a largo plazo es cambiar las leyes, políticas y prácticas, y obtener reparación cuando se dan violaciones de derechos humanos. A corto plazo, busca demostrar la importancia de que la administración dé apoyo a las personas afectadas.
Además, a menudo trata de concienciar a la población sobre situaciones injustas. Consiste en la selección de un caso de alto impacto, con el cual se acude a los tribunales de justicia para conseguir una sentencia que, más allá de reparar a las víctimas directas del caso, permita conseguir reformas legales, la adopción o la reforma de políticas públicas o cambiar la conducta de las autoridades.
En Barcelona, cuando se dan situaciones de delitos de odio o discriminación que se pueden valorar con recorrido de denuncia penal, la Oficina por la No Discriminación (OND) activa el estudio jurídico de la situación. Si la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación también ve indicios de delito, la OND valora la posibilidad de presentarse como acusación popular en la causa judicial.
La acusación popular es, pues, una de las acciones que se desarrollan según el concepto de litigio estratégico.
Ejemplos del Ayuntamiento presentándose como acusación popular
1. En una agresión por gayfobia en el metro de Urquinaona, la madrugada del 12 de enero del 2019
Un grupo de jóvenes insultó, se mofó, amenazó y agredió físicamente a un hombre gay dentro del metro durante diversas paradas. Después, lo persiguieron y agredieron cuando estaba solo en la calle. Se identificó y detuvo a las personas agresoras por parte de los agentes de seguridad del metro. La persona afectada necesitó 75 días de cuidados hospitalarios.
Desde la OND se estableció una coordinación con el grupo de investigación de los Mossos, se activó el Protocolo contra la LGTBIfobia con el Centro LGTBI y el Observatorio contra la LGTBIfobia y se presentó un escrito de denuncia frente a la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación. Además, el Ayuntamiento se personó como acusación popular.
Durante los más de 4 años que duró el procedimiento judicial, desde la OND se activaron diversos servicios de garantía para dar apoyo a la persona afectada: acción socioeducativa, atención psicosocial y asesoramiento jurídico.
El 30 de noviembre del 2023 se dictó sentencia firme: se condenaba a los agresores, por un delito de lesiones agravadas, a 3 años y 6 meses de prisión, 4 años y 6 meses de prohibición de comunicación con la víctima y de aproximarse a menos de 1.000 m, así como al pago de la responsabilidad civil de 11.430 euros.
El objetivo principal de la personación del Ayuntamiento era dejar constancia de que en Barcelona se actuaría con contundencia ante este tipo de agresiones en espacios municipales como el metro. A raíz de estos hechos, se elaboró un Protocolo de prevención de la LGTBIfobia en las redes de metro y autobús.
2. Ante un delito de odio por motivos ideológicos: agresión verbal y física a un joven independentista por parte de un grupo organizado de ideología fascista
El 17 de octubre del 2019, sobre las 19 h, se hizo una convocatoria de concentración en la Plaza Artós de Barcelona por parte de grupos de extrema derecha y neonazis. La motivación era mostrar rechazo hacia las manifestaciones independentistas en conmemoración de los hechos del 1 de octubre de 2017. En esta convocatoria, que concentró a unas 250 personas con banderas españolas pre-constitucionales, se entonaron cánticos fascistas, se hicieron saludos nazis y también se proclamaron gritos de odio.
A las 22 h, un grupo de diez personas con palos, tubos metálicos y piedras dejó la concentración con la consigna de ir en busca de personas independentistas. Fue entonces cuando se encontraron con un joven que llevaba una bandera estelada colgando en la espalda, a quien agredieron físicamente y verbalmente. El joven estuvo ingresado por policontusiones y necesitó un proceso de recuperación de 50 días.
Desde la OND se ofreció apoyo y acompañamiento socioeducativo al joven y a su familia. También se dio atención jurídica, y el Ayuntamiento se personó como acusación popular. Además, se ofreció atención psicosocial, una acción clave en el acompañamiento de la persona afectada a raíz de la experiencia traumática vivida.
El 30 de julio del 2023 se emitió la sentencia que condenaba a los acusados a 3 años, 6 meses y 1 día como autores de un delito de lesiones con circunstancia agravante de abuso de superioridad y motivación de discriminación ideológica, así como a la prohibición de aproximarse a la persona afectada a menos de 500 m, y a la condena de 10.800 euros en concepto de responsabilidad civil.