Muchas personas en situación administrativa irregular no denuncian los delitos que sufren por miedo que se les desencadenen procedimientos disciplinarios que podrían provocar su expulsión.
El proyecto Safe Reporting quiere visibilizar esta situación y promover mecanismos para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia. Nos lo cuentan Natalia Caicedo, coordinadora del proyecto y profesora de la Universidad de Barcelona y Oriol Nebot, abogado especializado en derecho migratorio.
¿Qué es la denuncia segura o safe reporting?
Definimos la denuncia segura como aquella que podemos realizar sin miedo de que se nos inicie en contra un procedimiento sancionador.
Nosotros siempre nos referiremos a denuncia segura desde la óptica del ordenamiento de extranjería.
¿Estar en situación administrativa irregular es un delito?
No, el ordenamiento jurídico dice que estar en situación irregular no es un delito, pero se vive como si lo fuera. Hay mucho miedo a tener contacto con la policía, a salir a la calle, a exteriorizarse.
Estar en situación irregular en España es una infracción administrativa grave, pero bajo ningún concepto estamos ante un delito.
¿Qué derechos se vulneran cuando una persona en situación administrativa no puede denunciar?
Desde las instituciones, asociaciones y entidades, se sabe que cuando una persona en situación irregular sufre un delito es muy difícil que denuncie. Es necesario tomar medidas sobre este asunto e idear y construir vías para facilitar la denuncia.
Cuando una persona en situación administrativa irregular no denuncia o no se le permite denunciar que ha sido víctima de un delito, se le priva, en primer lugar, del derecho al acceso a la justicia.
¿Qué quiere decir la premisa “don’t ask, don’t tell, don’t enforce” (no preguntes, no lo digas, no ejecutes)?
Surge en el marco de unas políticas muy restrictivas en Estados Unidos. Los funcionarios de la administración pública (incluidos los policías) evitaban preguntar si la persona se encontraba en situación irregular, a no ser que fuera necesario: “don’t ask” (no lo preguntes).
En caso de que lo tuvieran que saber, no comunicarían -“don’t tell” (no lo digas)- a otros organismos -en este caso, las oficinas de inmigración- que habían tenido contacto con esta persona.
Finalmente, “don’t enforce” (no ejecutes) significa que no impulsarían ni ejecutarían los mecanismos correspondientes para que se iniciara un procedimiento de expulsión.
Esta premisa creó un marco de protección que facilitó que las personas que eran víctimas de delitos pudieran acceder a los métodos de denuncia correspondientes.
¿Y la premisa “free in, free out” (libre de entrar, libre de salir)?
Si giramos la mirada hacia Europa, nos encontramos con que hay ciudades que han iniciado algunas prácticas o políticas para facilitar la denuncia.
Una de ellas es la que se ha iniciado en ciudades como Utrecht y que también encontramos en Amsterdam: “free in, free out” (libre de entrar, libre de salir). Se trata de una garantía de que la persona entra en comisaría, pone su denuncia y sale de la comisaría libre.
Con la palabra “libre” se quiere hacer entender que a esta persona no se le iniciará un procedimiento de expulsión.
¿Hay mecanismos de denuncia segura en España?
Las víctimas de determinados delitos, y eso lo especifica claramente tanto la ley de extranjería como el reglamento, podrán ir a una comisaría de policía y en ningún caso se les podrá iniciar un procedimiento de expulsión. Y si ya estuviera iniciado, se suspenderá hasta que se resuelva todo el procedimiento penal que siga la denuncia de este delito.
Esto, en concreto, lo encontramos con víctimas de violencia de género y, ampliado además, desde el año 2022, a las víctimas de agresión sexual.
También existe protección hacia otros delitos como el tráfico de seres humanos.
¿Y qué hay de las personas que son víctimas de otros delitos?
En España tenemos pocos mecanismos de denuncia segura, y no hay un sistema generalizado. Puede haber buenas prácticas, dependiendo del lugar, pero nos falta este sistema general. Por eso es razonable que las personas no sepan que tienen la posibilidad de ir a una comisaría y denunciar que han sido víctimas de un delito.
Las personas en situación administrativa irregular, además, no es que no conozcan sus derechos o que no sepan que aquello que les está pasando es un delito. Esta es una visión muy paternalista.
La realidad es que saben que están sufriendo un delito pero lo asumen como parte de su proceso migratorio. Piensan: “Quizás me están explotando en este hogar, pero aguantaré porque puede que estas personas, de aquí tres años, me hagan un contrato. Así podré regularizar mi situación.”
Además, a menudo está la sensación de que no son “víctimas merecedoras de protección”. Es decir, como se perciben a sí mismas como delincuentes, aunque ya hemos dicho que no lo son, piensan: ¿”cómo me tiene que proteger el sistema de justicia, si yo también soy un/a delincuente?”
¿Qué hacéis desde Safe Reporting para combatir esta situación?
Desde el proyecto de denuncia segura hicimos, primero, un estudio sobre cuál era la situación en Barcelona.
Después hemos hecho un conjunto de acciones comunicativas y campañas basadas en el mensaje “no tienes papeles, pero tienes derechos”, y en la idea del acceso a la justicia para todo el mundo. Las personas en situación irregular tienen derecho a acceder a la justicia y a la justicia gratuita. Hay que reconocer este derecho en la misma medida, que, por ejemplo, el derecho a la sanidad o el derecho a la educación para los menores de edad.
Además, hemos hecho un conjunto de formaciones, tanto a personas migrantes, como a personas responsables de entidades sociales, y también a cuerpos policiales.