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Se celebran las VII Jornadas de Contratación Pública Socialmente Responsable para poner los derechos humanos en el centro

20/11/2025 - 13:13 h

COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE. Las jornadas han destacado la necesidad de hacer efectivo el compromiso con los derechos humanos desde la contratación pública.

Han destacado que la compra pública representa entre un 10-12% del PIB estatal, y el 25% de éste es de gobiernos locales, y por lo tanto tiene un potencial transformador muy importante.

El 13 de noviembre se han celebrado las VII Jornadas de Contratación Pública Socialmente Responsable, bajo el título “Poner en práctica una mirada global de los Derechos Humanos en la Contratación Pública”.

La edición de este año ha impulsado una visión más amplia y comprometida con los derechos humanos, laborales y ambientales, situando la contratación pública como herramienta clave para hacer frente a los retos globales.

 

Las ponencias de las VII Jornadas

La sesión de apertura ha contado con la participación de Octavi de la Varga, asesor de Proyectos Estratégicos Internacionales de la Diputación de Barcelona, y Maite Ramos, representante del Grupo de Compra Pública Socialmente Responsable de Cataluña.

Han destacado que la compra pública representa entre un 10-12% del PIB estatal, y el 25% de éste es de gobiernos locales, y por lo tanto tiene un potencial transformador muy importante. Y el impacto que puede tener la compra pública no sólo aquí sino también en otros territorios y defienden que es una herramienta para avanzar hacia la justicia global y la defensa de derechos humanos.

Han continuado con la conferencia inaugural, titulada “El papel estratégico de la Contratación Pública con impacto exterior”, que ha ido a cargo de Anna Ciutat, subdirectora general de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya, y ha sido presentada por Andrea Costafreda, directora general de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Catalunya.

La ponencia ha dado consejos y recomendaciones a las administraciones públicas para poder incluir el respeto por los derechos humanos con impacto exterior en la contratación pública. Estas recomendaciones se analizaron para cada fase del ciclo de la contratación.

Después, se ha presentado la iniciativa “Instrucción para el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por España en los contratos financiados para el Ayuntamiento de Barcelona”, con Marta Clari, gerenta del Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona, y presentada por David Llistar, director de Servicios de Justicia Global y Cooperación Internacional.

En esta mesa, se ha centrado en destacar las buenas prácticas y los retos del Ayuntamiento de Barcelona en la materia y resaltan que en el caso de Barcelona, es una ciudad global y tiene una responsabilidad global, y que, por lo tanto, hay que abordar problemáticas que van más allá de las fronteras.

 

Los talleres prácticos

Las jornadas han ofrecido espacios participativos para compartir conocimiento y experiencias. Se han iniciado con la mesa “La inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública: una propuesta del movimiento sindical”, que ha contado con Juan José Fernández, catedrático de la Universidad de Valladolid, y las presentaciones de Esther Caballé (Fundación Pau i Solidaritat de CCOO Cataluña) y Manuel Fages (CCOO Cataluña).

Además, se han realizado dos talleres específicos el taller 1: “El uso de las etiquetas previsto al arte. 127 LCSP, a través de los Acuerdos Marco Globales” y el taller 2: “Los mecanismos de seguimiento del contrato: una propuesta desde el movimiento sindical.”

Este espacio ha destacado la capacidad de los movimientos sindicales para dar apoyo al seguimiento de los criterios laborales añadidos en los contratos, aprovechando su presencia sobre el terreno y la capacidad de detectar las vulneraciones. Además, se ha propuesto la posibilidad de utilizar la figura de Acuerdos Marco para las etiquetas y certificados a la contratación.

Las jornadas han puesto en relevo la necesidad de hacer efectivo el compromiso con los derechos humanos desde la contratación pública, para garantizar que los recursos públicos contribuyan a una economía justa, sostenible y respetuosa con las personas y el planeta en cualquier lugar del mundo.