Isabel Alonso Dávila empezó a defender el derecho a morir dignamente cuando entró en la asociación Derecho a Morir Dignamente (grupo de DMD en Cataluña), donde ahora es vicepresidenta. Como voluntaria, ha trabajado con el fin de contribuir a romper el tabú de la muerte y “cambiar la cultura de la muerte para que se respeten los deseos de las personas, incluida la opción de la eutanasia.» Este año ha podido celebrar la entrada en vigor de la ley de eutanasia española, que se hizo efectiva el 25 de junio.
¿Qué es el derecho a morir dignamente?
A veces no nos dejan morir como queremos. La palabra dignamente lo que quiere decir es morir de acuerdo con tu concepto de dignidad de vida. Pueden ser cosas diferentes para diferentes personas: para una persona muy católica, quizás su dignidad es tener acceso a la extremaunción o el acompañamiento religioso, mientras que para una persona atea eso sería horroroso.
Es respetar la libertad y la individualidad de las personas también en el proceso de muerte. Eso implica poder tener la posibilidad de escoger entre un camino de paliativos o la eutanasia o suicidio con medicamento asistido.
¿Qué tiene que ver el derecho a morir dignamente con los derechos humanos?
El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Nosotros pensamos que también tenemos que ser libres y tener igualdad de derechos al final de nuestra vida, para poder escoger una muerte digna.
Hasta ahora, que no teníamos ley de eutanasia, había gente que tenía la posibilidad de ir a Suiza o tenía un amigo muy próximo del mundo sanitario que la podía ayudar clandestinamente; pero otros no tenían esta opción. El derecho a la igualdad también es muy importante que se reconozca en el proceso de muerte.
Si lo miramos en perspectiva, ¿cómo empezó la lucha por el derecho a morir dignamente?
La primera asociación se constituyó en Inglaterra a inicios del siglo XX y en los 1980s hubo una eclosión en muchos países y se creó la World Federation of Right to Die Societies.
En estos años 80 es cuando nace en España la asociación DMD. En 1984, un joven profesor de mates, Miguel Ángel Lerma, leyó en el País Semanal un artículo sobre la asociación francesa y escribió una carta abierta diciendo que él quería crear una similar a España. Doscientas personas contestaron y allí está el origen de la asociación. De estas personas un grupo numeroso era de Barcelona y alrededores.
¿Cómo ha ido evolucionando la lucha por el derecho a morir dignamente? ¿Y a qué se deben los avances?
En 1984 ya se plantearon los tres objetivos de la asociación, vigentes hasta ahora: la legalización del testamento vital (cómo se llamaba el documento de voluntades anticipadas en aquel momento), la legalización de la eutanasia y crear un clima favorable en la sociedad española respecto de las dos demandas anteriores.
Lo que ha hecho posible los avances ha sido el triángulo de asociación, casos mediáticos y política.
El primer caso público fue el de Ramón Sampedro, que llamó a la asociación para pedir ayuda para morir. Y le dijimos lo que hemos seguido diciendo hasta hace poco: que nosotros luchábamos por cambiar las leyes pero no podíamos incumplirlas. Pero que si quería, se podía llevar su caso a los tribunales y la asociación le puso a un abogado. Y aquí entra el peso de la política. Teníamos la asociación dando apoyo a Sampedro y, al mismo tiempo, una diputada que cogió el caso porque se convirtió en muy mediático y mucha gente lo entendió. No se planteaba una cuestión teórica sobre el derecho, sino si él, Sampedro, tendría derecho a ser ayudado.
¿Cómo vivisteis la aprobación de la eutanasia después de tantos años de activismo?
Ha sido una celebración. Yo llegué a DMD cuando me jubilé en el 2012, y han sido años muy implicada. La aprobación es un reconocimiento a toda la gente que durante años ha estado luchando. Piensa que la propuesta de despenalización de la eutanasia ya se había presentado al menos 15 veces al Congreso.
El 25 de junio, cuando entró en vigor la ley, hicimos un brindis. Queríamos que quedara claro que estábamos celebrando un nuevo derecho.
A nivel práctico, ¿esta nueva ley qué supone? ¿Quién puede pedir la eutanasia y como se pide?
Hay que cumplir una serie de requisitos para poder pedir la eutanasia. Aparte de ser mayor de edad y de tener nacionalidad, residencia legal o certificado de empadronamiento de al menos 12 meses en España, tienes que tener una enfermedad grave e incurable o estar en una situación de incapacidad crónica e incurable – en los dos casos «con un padecimiento insoportable».
Un derecho no es un deber. Las personas que quieran ejercer el derecho lo tendrán abierto.
Una vez que piensas que querrías morir por eutanasia y cumples los requisitos de la ley, tienes que pedir la eutanasia a un médico que la ley nombra «médico responsable». Éste tiene el proceso deliberativo contigo, donde te explica todas las cuestiones y alternativas médicas. Si quieres seguir adelante, 15 días después le tendrás que volver a decir que continúas con esta idea. Si el médico piensa que entras dentro de los supuestos de la ley, consultará a otro médico (nombrado consultor), que tiene que confirmar que cumples los requisitos. Una vez los dos dicen que es un caso que entra dentro de la ley, lo enviarán a una Comisión de Garantía y Evaluación autonómica que revisará el caso. Si ésta dice que si, tendrás permiso para que esta eutanasia se haga.
¿Y si algún profesional dice que no durante el proceso?
El paciente tiene la posibilidad de ir a pedir la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación. La Comisión por una parte autoriza la eutanasia y por la otra puede ser una institución para reclamar si te la deniegan.
¿Tiene que ser la persona quien lo pida? ¿Y qué pasa con las personas que no pueden pedirlo?
La eutanasia la tiene que pedir la persona, lo dice la ley. Si la persona está consciente lo puede preguntar directamente, y si no, lo tiene que haber dejado clarísimo en el documento de voluntades anticipadas. Si no, tendrá derecho a curas paliativas pero no a la eutanasia.
¿Qué retos veis en la aplicación práctica de la ley? Un tema del cual ya se ha empezado a hablar es la objeción de conciencia en los hospitales…
Aquí tenemos otro tema en qué pensar, que es el aborto. Sabemos que el aborto, como la eutanasia, es legal en España pero hay lugares donde es prácticamente imposible que ser realice. Aquí somos un país de tradición católica y con un peso muy importante de instituciones católicas en el sistema sanitario.
La orden de San Juan de Dios y los Camilos ya han dicho que en sus hospitales no se harán eutanasias. Pero en Cataluña, ambas órdenes (que gestionan el Hospital de Sant Joan de Déu y el Hospital del Garraf) han dicho que sí que las harán. La ley dice claramente que la objeción de conciencia es individual, de los profesionales. Estaremos muy atentas para ver si hay hospitales dónde todo el mundo hace objeción, porque querrá decir que hay una presión sobre los y las profesionales.
¿Sabéis si ya se está aplicando la ley?
Sabemos que ya hay personas que han pedido la eutanasia. Las comisiones de garantía ya están constituidas y ahora empieza todo el proceso de médicos y aprobaciones. El departamento de Salud ya tiene toda la información en la web. Está todo bastante adelantado y esperamos que funcione bien. Desde DMD estaremos atentas para que el derecho se pueda garantizar.