Tras una derogación por mandato judicial en 2017, finalmente se aprobó y ya ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de participación ciudadana, que establece nuevos mecanismos y asegura los existentes.
¿En qué contexto y con qué voluntad se impulsó el Reglamento de participación ciudadana en 2017?
El gobierno de Barcelona surgido en 2015 quería profundizar en la participación ciudadana con la intención de “ciudadanizar la participación”. Es decir, establecer un marco formal a través del cual la ciudadanía pudiera incidir en las decisiones del gobierno de la forma más directa posible. Dado que formalmente la ley del Estado no permite la participación directa, se planteó un reglamento que pudiera facilitarla al máximo con consultas ciudadanas, iniciativas ciudadanas a petición de la gente al gobierno y con los espacios ya existentes como los órganos o los procesos participativos ampliados a las personas no asociadas.
Y ¿qué lo frenó?
Se recibieron alrededor de cuarenta impugnaciones por varios temas. Algunas acabaron en resoluciones judiciales que obligaban a modificar parcialmente algunos artículos. Concretamente, la demanda de una asociación surgida contra los cambios que quería impulsar el gobierno municipal planteaba la nulidad del reglamento por un defecto de forma. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la aceptó, y eso provocó su derogación. El juez consideraba que, aunque se hubiera hecho un proceso participativo de un año y medio antes de aprobarlo y se hubiera abierto un plazo de exposición pública en el cual se incluyeron algunos de los cambios propuestos por los grupos políticos tras la aprobación inicial, se tendría que haber hecho otro proceso de exposición pública porque había habido cambios significativos. Los servicios jurídicos municipales no consideraban que dichos cambios fueran significativos, pero como esta consideración es subjetiva, se derogó y se volvió a empezar el proceso. La voluntad del gobierno era recuperar aquel texto, y durante el proceso de estos años posteriores se han incluido algunos cambios menores y se ha realizado el proceso participativo para validarlos.
¿Qué conclusión extraes de este proceso?
El reglamento es importante, porque si no existe, hay cosas que sencillamente no se pueden hacer. Si quieres cambiar e innovar, tienes gente en contra y no tienes un reglamento, no podrás hacerlo nunca. Por lo tanto, celebramos que finalmente tenemos este instrumento, que calza, refuerza y permite impulsar estas iniciativas. Sin embargo, el proceso demuestra que es un avance relevante hacia una participación ciudadana cada vez más directa, porque, si no fuera así, no habríamos tenido tanta oposición y cuarenta demandas judiciales: uno de los indicadores que realmente demuestra que estás cambiando las cosas es el volumen de oposición que recibes.
¿Qué cambios presenta el reglamento que se ha aprobado ahora respecto del anterior?
Las vías de participación son las mismas: los órganos de participación, las consultas ciudadanas, los procesos participativos y la novedad de las iniciativas ciudadanas que permiten que la ciudadanía, a partir de la recogida de firmas, active las otras tres vías anteriores, además de otros cambios más allá de la participación como, por ejemplo, una determinada política o una obra pública como ha sido la remodelación del puente de Santander en la vía Trajana.
En cuanto a las consultas ciudadanas, se ha incrementado considerablemente el número de firmas necesarias para impulsarlas. ¿Crees que tiene sentido?
Este es el mayor cambio respecto al texto anterior, y no nos gusta a nadie de los que trabajamos en participación, pero hemos tenido que aceptarlo por mandato judicial. En el caso de las iniciativas para pedir una consulta ciudadana, en el reglamento anterior hacían falta 15.000 porque se interpretaba que una consulta ciudadana era equivalente a la modificación de un reglamento; los juzgados dijeron que tenía que enmarcarse en la Ley de consultas populares no refrendarias del Parlamento de Cataluña. De esta forma, se establece una proporción en función de la población, y eso, en el caso de Barcelona, implica 88.000 firmas. Es una regresión, porque el incremento es desproporcionado; la experiencia nos dice que recoger 15.000 o 20.000 ya es difícil, y, por lo tanto, el hito actual es prácticamente imposible. Hemos podido incluir una compensación de 1 euro por firma recogida a partir de la mitad de las necesarias para que si alguien quiere intentarlo, pueda compensar los gastos.
¿Cómo se ha reaccionado ante este cambio?El pleno del Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional que solicita al Parlamento de Cataluña que modifique la ley, y en el reglamento hay una medida transitoria que establece que, si eso se consigue, el reglamento se modifique directamente. Sabemos que detrás de eso hay intereses, y todos recordamos la consulta que se planteó para la municipalización del servicio del agua y la reacción empresarial que hubo en contra. Cuando un mecanismo se prevé que puede modificar algo, quien se siente amenazado, reacciona, y si tiene poder, lo ejerce.
¿Qué otros cambios presenta el nuevo reglamento?
Por un lado, la participación digital es una novedad que la pandemia nos ha hecho ver que teníamos que incluir porque la hace más accesible. Por otro, en las iniciativas ciudadanas la edad mínima de participación por norma general se mantiene en los 16 años, pero se ha abierto la posibilidad de rebajarla si el tema tiene que ver con una franja de la población menor de los 16 años, y es coherente que así sea. Asimismo, con respecto a los procesos participativos, se incluyen las asambleas deliberativas, en las que la participación es por sorteo a partir del padrón. De esta forma, se promueve una representatividad más real de la población.
El Foro Joven ha sido el primer ejemplo de asamblea deliberativa. ¿Cómo se organizó y qué resultados han surgido?
Reunió a cien jóvenes de la ciudad en un debate sobre la juventud con una representatividad diversa de perfiles en el origen, la edad, el género, el nivel socioeconómico y el barrio de residencia. Las participantes recibieron una compensación económica porque la implicación es a lo largo de muchos meses. El primer día fue muy emocionante porque no habíamos tenido nunca tanta diversidad en un mismo encuentro, y, aunque la pandemia nos obligó a hacer cambios, fue un éxito y la valoración es muy positiva. Se trata de un mecanismo muy útil para promover debates con personas que no tengan a prioris. En este caso, jóvenes no asociados ni movilizados a los cuales no llegas de otra forma. Ahora estamos organizando otra en torno a la emergencia climática, que, además, es un tema para el cual internacionalmente se ha utilizado más esta metodología. Otros ejemplos son la constitución de Islandia del 2011 o la actual en Chile.
Y ¿de qué forma se traducen los resultados de estas asambleas?
Con el fin de tener credibilidad, es clave que exista un compromiso político con el hecho de tener en cuenta las conclusiones. En el caso del Foro Joven, todos los grupos políticos se comprometieron a hacerlo, de forma que tendrá continuidad sea cual sea el color del gobierno tras las próximas elecciones. Se ha hecho un primer retorno de las más de treinta conclusiones explicando las que no pueden hacerse, las que no son competencia propia, pero estableciéndose el compromiso de trasladarlas a la Generalitat, las que ya se han empezado a trabajar… Y anualmente se actualizará dicho retorno.
¿Cuál es el siguiente hito en el horizonte de la participación en Barcelona con este nuevo reglamento?
Por un lado, ahora que hemos incorporado las asambleas deliberativas, queremos mantenerlas, aunque son procesos largos que suponen mucho trabajo y no pueden hacerse cada mes. Por otro, hay que consolidar los presupuestos participativos, porque la experiencia ha sido absolutamente positiva, tanto con respecto a la participación como por el impacto que ha tenido dentro del Ayuntamiento. Ver como el personal arquitecto o ingeniero escucha a la ciudadanía y los colectivos tiene un valor importantísimo y aporta mucho más de lo que parece en el sentido del trabajo y en la posibilidad de hacerse preguntas y ver las cosas desde ópticas más amplias. El compromiso de mantenerlos lo han asumido todos los grupos, y eso asegura su continuidad.
El gran tema pendiente para la siguiente legislatura son las consultas, y seguimos trabajando con el convencimiento de que tienen que poder hacerse. Si el reglamento no hubiera caído, en este mandato se quería hacer una multiconsulta. Aunque formalmente no pueden ser vinculantes, son un ejercicio muy valioso de participación porque tienen una incidencia moral muy fuerte y generan debate ciudadano, y pienso que los cargos electos tienen que tener en cuenta los posicionamientos que surgen.
¿Qué referencias tiene Barcelona en materia de participación ciudadana?
No tengo claro si hay un modelo de ciudad concreto, sino más bien ejemplos interesantes por todas partes. Por ejemplo, con los procesos participativos nos fijamos en Nueva York, Lisboa o París, y también en Cataluña hay ejemplos de municipios que, aunque tienen dimensiones mucho más reducidas, son relevantes. En el caso de las asambleas deliberativas, hay ejemplos internacionales, pero sobre todo nos hemos dejado asesorar por entidades expertas. Por otro lado, en muchos casos, Barcelona es una referencia a escala internacional que se tiene en cuenta y se escucha mucho cuando participamos en jornadas por todo el mundo.