La vinculación de políticas activas de inclusión sociolaboral con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede ser fundamental para el crecimiento de la inclusión de sus perceptores. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) y el Ayuntamiento de Barcelona firmaron un convenio a finales de 2021 para poner en marcha el proyecto amunt!, una prueba piloto en Barcelona para testar un modelo de inserción sociolaboral y comunitaria con personas de la ciudad que reciben el IMV.
El proyecto amunt! forma parte de un paquete de 34 proyectos que impulsa en el MISSM con diversas comunidades autónomas, ayuntamientos o entidades del tercer sector, y con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Son proyectos que tienen por objetivo reducir las vulnerabilidades de los hogares perceptores del IMV u otras rentas mínimas. Se desarrollan con la metodología de los ensayos con control aleatorizado (RCT, de sus siglas en inglés) para evaluar su impacto.
El projecto amunt!
El proyecto amunt! El objetivo del proyecto es ofrecer a las personas beneficiarias del IMV un servicio de apoyo para mejorar su situación laboral y/o social. La singularidad de este modelo de atención es que fija una única metodología de entrada y seguimiento para todas las personas usuarias y ofrece con visión integral actividades y servicios que habitualmente se ofrecen por separado y con distintos grados de coordinación.
La atención se inicia con un proceso de acogida basado en un diagnóstico social y laboral conjunto y coordinado entre un equipo de atención social y un equipo de orientación laboral que permite tener un perfilado de la persona, identificando necesidades sociolaborales y educativas así como intereses y aspiraciones personales. Después, se concreta con la persona su inscripción en una o varias actividades o servicios de inclusión que sean más adecuados a su situación. El objetivo es maximizar el encaje entre oferta específica de actividades y servicios del proyecto (del ámbito social, educativo, laboral y comunitario) y los resultados surgidos de la acogida. Estas actividades y servicios son provistos directamente por el Ayuntamiento de Barcelona (Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI, Barcelona Activa y Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad), o bien mediante consorcios con otras administraciones (Consorcio de Educación de Barcelona) o la colaboración de entidades sociales del programa Làbora.
Los profesionales del proyecto acompañan de forma personalizada durante un año a las personas para que puedan realizar las actividades. Este modelo de atención pretende tener un impacto positivo en las personas en ámbitos como la inserción laboral, bienestar emocional, relaciones sociales o participación comunitaria.
Personas participantes
Las personas participantes del proyecto son un grupo de 1.182 personas beneficiarias del IMV menores de 65 años provenientes de un universo más amplio de potenciales candidatos provisto por el MISSM. Estas personas manifestaron su interés por participar durante el proceso de contacto que hizo el Ayuntamiento con el conjunto de personas candidatas para dar a conocer el proyecto.
Seguimiento y evaluación
El proyecto será evaluado para conocer su impacto y su utilidad. Entre las 1.182 personas participantes, se ha seleccionado aleatoriamente un grupo de tratamiento de 749 personas (que recibirán los servicios y actividades que ofrece el proyecto) y un grupo de control de 433 personas (que participarán en el estudio de evaluación sin recibir servicios y actividades). Se recogerá información a través de registros administrativos y encuestas (una al principio de la intervención y una al final) y se compararán los cambios que se hayan producido en ambos grupos. La información adicional recogida fruto de la participación en el servicio de las personas asignadas al grupo de tratamiento y, por otra parte, la información del proceso de implementación del proyecto, deben permitir complementar la evaluación RCT cuantitativa. Esta información puede aportar más evidencias sobre aspectos tales como los efectos en el arraigo comunitario o la capacidad de crear formas de capital social entre los participantes o los efectos sobre las formas de trabajar de la administración pública.
Calendario del piloto
El período de intervención con las personas asignadas al grupo de tratamiento es de 12 meses, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023. Las tareas de evaluación podrán llevarse a cabo hasta marzo de 2024.
