Las personas consumidoras tenemos una serie de derechos básicos reconocidos en la Ley 22/2010, del Código de consumo de Cataluña, entre los que también están los derechos lingüísticos. En nuestras relaciones de consumo tenemos derecho a expresarnos oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojamos, es decir, tanto en catalán como en castellano. Los interlocutores también pueden responder en cualquiera de estas dos lenguas.

De acuerdo con lo que prevé el Código de consumo, la Agencia Catalana del Consumo recuerda que las empresas y los establecimientos comerciales tienen la obligación de ofrecer como mínimo en catalán:

• Toda la información comercial y las invitaciones de compra, como, por ejemplo, la carta de un restaurante, los folletos publicitarios, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito o las facturas.
• Las señalizaciones y los carteles de información general de carácter fijo, por ejemplo, el cartel exterior visible desde la calle indicativo de la actividad comercial, el cartel del horario comercial, la rotulación interior relativa a las ofertas o servicios en un establecimiento, los letreros interiores de las secciones de los establecimientos o de las tiendas o, incluso, los lineales de las estanterías donde se exponen los productos para su venta.
• El etiquetado de los productos no alimentarios, es decir, las informaciones y las advertencias de seguridad, las instrucciones de funcionamiento y todos los datos que se consideren obligatorios, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable en cada caso.
• Las informaciones necesarias para el consumo, el uso y el manejo adecuado de los productos y los servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y especialmente los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad.
• Los contratos de suministros como la luz, el agua, el gas o la telefonía; de los servicios financieros o de seguros, etc.

La vulneración de los derechos lingüísticos establecidos en la normativa puede tener la consideración de infracción administrativa y, por lo tanto, puede ser denunciada mediante el formulario web de la Agencia Catalana del Consumo.